El espionaje industrial es un delito del ámbito societario relacionado con la propiedad industrial e intelectual. Consiste en obtener de manera ilícita información confidencial de una empresa con el objetivo de utilizarla en beneficio propio o de terceros.
En nuestros días, la capacidad de innovación es fundamental para el éxito de una compañía en el sector de la industria. Por eso, las innovaciones han sido objeto de protección legal y se consideran secretos de empresa, siempre y cuando cumplan dos requisitos: tener un valor económico para la empresa y que el dueño de la información desee que sea considerada como tal.
Existen también otras formas de proteger las innovaciones industriales, como el registro público de patentes, marcas, nombres comerciales, entre otros.
¿En qué consiste el espionaje industrial?
Según Vilas Rodríguez, el espionaje industrial puede definirse como «la obtención de información confidencial de una empresa por medios ilícitos, con el objetivo de utilizarla en beneficio propio o de terceros». Por su parte, Díaz Fernández define el espionaje industrial como «la acción de obtener y utilizar información confidencial de una empresa con el fin de obtener una ventaja competitiva o perjudicar a la empresa espiada».
Es importante destacar que la ilegalidad del espionaje industrial no está relacionada con el valor económico de la información desvelada. Por lo tanto, cualquier tipo de información confidencial puede ser objeto de espionaje, desde una lista de proveedores hasta precios de adquisición de productos o innovaciones tecnológicas no registradas.
El delito de espionaje industrial
El delito de espionaje industrial se encuadra dentro de los ataques a la propiedad, más específicamente como una ofensa a la información como bien jurídico protegido. La seguridad de la información de una empresa puede verse afectada en relación con su integridad, disponibilidad y confidencialidad.
En el ordenamiento jurídico español, el delito de espionaje industrial está tipificado en el artículo 278.1 del Código Penal. Este artículo establece que aquel que se apodere por cualquier medio de datos, documentos escritos o electrónicos, soportes informáticos u otros objetos que se refieran a un secreto de empresa, será castigado con prisión de dos a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses.
Además, si los secretos descubiertos se difunden, revelan o ceden a terceras personas, se aplica el artículo 278.2 del Código Penal, que establece penas más severas.
Bibliografía de referencia
– DÍAZ FERNÁNDEZ, A.M. (coord.) (2013) «Diccionario LID Inteligencia y Seguridad». LID Editorial. Ministerio de la Presidencia. Gobierno de España. Madrid.
– VILAS RODRÍGUEZ, J., (2017) «La contrainteligencia en el sector de la industria». Economía Industrial Núm. 405: Nuevas Tecnologías Digitales.
– FERNÁNDEZ DÍAZ, C.R., (2018) «El delito de daños y el espionaje empresarial: dos ataques compatibles contra la información como bien inmaterial».
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