Las medidas cautelares y la prisión provisional según la Ley de Enjuiciamiento Criminal

Autor: Dudatis.com

Las medidas cautelares y la prisión provisional según la Ley de Enjuiciamiento Criminal

La Ley de Enjuiciamiento Criminal de nuestro país contempla diversas medidas cautelares de tipo personal que pueden ser utilizadas como alternativas a la prisión provisional. Estas medidas, además de ser menos lesivas que la privación de libertad, tienen como objetivo garantizar la evitación del riesgo de fuga, la preservación de pruebas y la prevención de la reiteración delictiva.

Las medidas cautelares personalizadas

Entre las medidas cautelares de tipo personal se encuentran la obligación de comparecer apud acta, es decir, acudir al juzgado con la frecuencia que este determine, y la obligación de constituir fianza para evitar la prisión provisional. Estas medidas pueden ser impuestas por el juez en casos en los que existan indicios de la comisión de un delito y la pena prevista supere los 2 años de prisión.

Es importante destacar que la prisión provisional debe ser considerada como una medida absolutamente excepcional. Esto se debe a que su aplicación implica una limitación del derecho a la libertad, consagrado en el artículo 17 de la Constitución Española, y una posible vulneración del derecho a la presunción de inocencia, según establece el artículo 24 de la misma.

La excepcionalidad de la prisión provisional

La prisión provisional solo debe ser impuesta en aquellos casos en los que no sea suficiente una medida cautelar menos gravosa para garantizar la evitación del riesgo de fuga, la preservación de pruebas y la prevención de la reiteración delictiva. Además, es necesario que existan indicios de la comisión de un delito y que la pena prevista supere los 2 años de prisión.

En resumen, la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece medidas cautelares de tipo personal como alternativas a la prisión provisional. Estas medidas tienen como objetivo garantizar la seguridad procesal sin vulnerar los derechos fundamentales de los imputados. La prisión provisional, por su parte, debe ser considerada como una medida excepcional y solo debe ser impuesta en casos en los que no sea suficiente una medida cautelar menos gravosa. Es fundamental que los jueces valoren de manera rigurosa la proporcionalidad y necesidad de esta medida, siempre respetando los derechos constitucionales de los ciudadanos.


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