El objetivo y regulación de la fase de instrucción en un proceso penal

Autor: Dudatis.com

El objetivo y regulación de la fase de instrucción en un proceso penal

La fase de instrucción es una etapa fundamental en un proceso penal pues tiene como objetivo preparar el juicio oral. Para determinar si procede o no la apertura de otra fase del proceso, se deben seguir los lineamientos establecidos en el artículo 299 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).

¿Dónde se encuentra regulada la fase de instrucción?

La fase de instrucción está regulada en los artículos 299 a 325 de la LECrim. Según el artículo 299, el sumario consiste en las actuaciones realizadas para preparar el juicio, averiguar y registrar los delitos, así como determinar las circunstancias que puedan influir en su calificación y la culpabilidad de los delincuentes.

Dependiendo del tipo de procedimiento penal, la fase de instrucción recibirá distintos nombres: sumario, diligencias previas o diligencias urgentes. Sin embargo, en el caso de procedimientos por delitos leves, no existe una fase de instrucción propiamente dicha.

Cómo se investiga durante la fase de instrucción

La fase de instrucción se lleva a cabo a través de actos o diligencias de investigación, los cuales pueden ser ordinarios o restrictivos de derechos fundamentales.

Diligencias de investigación ordinarias

Estas diligencias no implican una limitación a los derechos fundamentales de las personas. Algunas de las diligencias llevadas a cabo son: declaración del investigado, comprobación del delito, identificación del delincuente, declaración de la víctima y los testigos, informe pericial y careos entre testigos e investigados.

Diligencias restrictivas de derechos fundamentales

Estas diligencias requieren respetar el principio de proporcionalidad, es decir, tomar medidas necesarias y adecuadas al caso concreto y por un tiempo determinado. Algunas de ellas incluyen entrada y registro en lugares cerrados, medidas de investigación tecnológica, detención y apertura de correspondencia, entre otras.

Regulación actual del plazo para instrucción de un procedimiento penal

Según la regulación actual, la investigación judicial tiene un plazo máximo de 12 meses desde la apertura de la causa. Si antes de cumplirse este plazo se determina que no es posible concluir la investigación, el juez puede acordar prórrogas por periodos de hasta seis meses.

Estas prórrogas deben ser explicadas detalladamente en un auto, justificando las causas que impiden finalizar la investigación en plazo y las diligencias que se deben llevar a cabo. Asimismo, la denegación de una prórroga también debe ser motivada.

Es importante destacar que las diligencias de investigación realizadas antes o durante el plazo y sus prórrogas son válidas, incluso si se reciben después de que estos hayan expirado. Sin embargo, si el juez no dicta una resolución antes de la finalización del plazo o estas son revocadas, las diligencias realizadas a partir de ese momento no serán válidas.

Finalmente, el juez será quien concluya la instrucción cuando considere que se ha cumplido con su finalidad. Una vez transcurridos los plazos establecidos, el juez dictará el auto de conclusión del sumario o del procedimiento abreviado, según corresponda.

Es crucial estar atentos a los plazos legales establecidos para la instrucción de un procedimiento penal, ya que si estos no se cumplen y no se acuerda una prórroga, las diligencias posteriores pueden ser declaradas nulas.


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