La instalación de sistemas de videovigilancia en el centro de trabajo

Autor: Dudatis.com

La instalación de sistemas de videovigilancia en el centro de trabajo

La instalación de circuitos de videovigilancia en el lugar de trabajo puede resultar una herramienta muy útil para el empleador. Estos sistemas permiten controlar la dedicación de sus empleados, así como prevenir o proteger el activo de la empresa. Sin embargo, es importante tener en cuenta que se deben tomar precauciones para no violar los derechos fundamentales de los trabajadores y otros terceros.

¿Pueden instalarse cámaras en el centro de trabajo?

La productividad es una prioridad en cualquier empresa, y el empresario tiene el derecho de establecer sistemas de control para verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales de los empleados. Esto está respaldado por el artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores, que permite al empleador adoptar medidas de vigilancia y control, siempre respetando la dignidad de los trabajadores y teniendo en cuenta la capacidad de los trabajadores con discapacidad.

El artículo 89 de la Ley Orgánica 3/2018 regula específicamente los tratamientos de videovigilancia en el centro de trabajo, permitiendo su instalación siempre que se garanticen los derechos de los trabajadores. Además, el artículo 22 de la misma ley prevé la posibilidad de instalar sistemas de videovigilancia para garantizar la seguridad de las instalaciones y las personas. Estos sistemas son especialmente útiles para proteger los activos de la empresa y detectar la presencia de personas no autorizadas.

¿Se debe informar a los trabajadores?

La empresa tiene la obligación de informar a los trabajadores de manera clara y concisa sobre la instalación de circuitos de videovigilancia. Esto se establece en el punto 1 del artículo 89 de la Ley Orgánica 3/2018. Para garantizar la responsabilidad proactiva, se recomienda obtener la firma de los trabajadores en un documento informativo. Sin embargo, el artículo 22 permite que esta información se pueda proporcionar a través de dispositivos informativos visibles, siempre que se informe sobre la existencia de los sistemas de videovigilancia, el tratamiento de los datos, el responsable del tratamiento y los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y oposición según lo establecido en el RGPD.

¿Qué límites existen?

Existen límites en cuanto a la ubicación de las cámaras y el tiempo de conservación de las imágenes. Las cámaras pueden colocarse en lugares de trabajo y áreas de paso de personal, incluso en espacios públicos, siempre que sea necesario y proporcional al fin del tratamiento. Sin embargo, no se permite la instalación de cámaras en lugares destinados al descanso o esparcimiento de los trabajadores, como aseos, comedores y salas de descanso.

Además, la empresa solo puede conservar las imágenes durante un mes, a menos que se capture un ilícito. En tal caso, las imágenes deben ser entregadas a las autoridades en un plazo de 72 horas.

¿Qué sucede cuando la videovigilancia se externaliza a otra empresa?

Es común externalizar la videovigilancia, especialmente en pymes y autónomos. En este caso, es importante tener en cuenta que se están cediendo datos personales a un tercero, quien actuará como encargado de tratamiento según el RGPD. Es necesario establecer un contrato que especifique los detalles del tratamiento de los datos, como el objeto, la duración, la naturaleza y la finalidad del tratamiento, así como las obligaciones y derechos del responsable del tratamiento.

¿Qué consecuencias tiene el incumplimiento?

El incumplimiento de las obligaciones de informar a los trabajadores y establecer un contrato de encargado de tratamiento tiene graves consecuencias legales. La falta de información se considera una infracción muy grave, ya que va en contra del principio de transparencia e información a los afectados. La ausencia de un contrato de encargado de tratamiento se equipara a una comunicación ilegal de datos y, a su vez, la falta de contenido mínimo en el contrato constituye una infracción grave que afecta a las garantías de protección de los derechos de los interesados.

En resumen, la instalación de sistemas de videovigilancia en el centro de trabajo puede ser una herramienta útil para las empresas, pero se deben cumplir ciertos requisitos legales para proteger los derechos de los trabajadores y terceros. La empresa tiene la obligación de informar a los trabajadores, respetar los límites geográficos y temporales, y establecer contratos adecuados cuando se externaliza la videovigilancia. El incumplimiento de estas obligaciones puede llevar a graves consecuencias legales.


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