Aplicación de las medidas de seguridad según el Código Penal

Autor: Dudatis.com

Aplicación de las medidas de seguridad según el Código Penal

Como abogados penalistas, en nuestro recorrido por el Código Penal, nos paramos hoy de nuevo en el Título Cuarto, «De las medidas de seguridad». En este Título se establecen los criterios, supuestos y circunstancias en los que se pueden aplicar por el Juez o Tribunal las medidas de seguridad a aquellos sujetos que hayan cometido hechos que sean constitutivos de delito.

En esta entrada de hoy abarcaremos el Capítulo Segundo, «De la aplicación de las medidas de seguridad». Aquí encontrarás información relevante sobre las medidas privativas y no privativas de libertad, así como las medidas especiales que el Juez o Tribunal pueden adoptar.

De las medidas privativas de libertad

Comienza este Capítulo Segundo del Título Cuarto, en el Artículo 101, en el que se expone: «Al sujeto que sea declarado exento de responsabilidad criminal conforme al número 1.º del artículo 20, se le podrá aplicar, si fuere necesaria, la medida de internamiento para tratamiento médico o educación especial en un establecimiento adecuado al tipo de anomalía o alteración psíquica que se aprecie, o cualquier otra de las medidas previstas en el apartado 3 del artículo 96. El internamiento no podrá exceder del tiempo que habría durado la pena privativa de libertad, si hubiera sido declarado responsable el sujeto, y a tal efecto el Juez o Tribunal fijará en la sentencia ese límite máximo». Enmarcando cuando y de qué forma se podrá internar a un sujeto en centros de tratamientos o educativos especiales, termina el Artículo 101 dejando claro que el sujeto al que se le imponga esta medida, «no podrá abandonar el establecimiento sin autorización del Juez o Tribunal sentenciador», esto en virtud de lo expuesto en el Artículo 97 de nuestro Código Penal.

El Artículo 102 establece que a los sujetos exentos de responsabilidad penal debido al consumo de sustancias tóxicas o estupefacientes, se les puede aplicar la medida de internamiento en centro de deshabituación o cualquiera otra medida prevista en el apartado 3 del artículo 96. El internamiento no podrá exceder del tiempo que habría durado la pena privativa de libertad, si el sujeto hubiere sido declarado responsable. En ambos casos, los sujetos solo podrán abandonar el internamiento con autorización del Juez o Tribunal sentenciador, según lo establecido en el Artículo 97 del Código Penal.

El Artículo 103 se refiere a los sujetos exentos de responsabilidad penal que sufren alteraciones en la percepción desde el nacimiento o desde la infancia, y que tienen gravemente alterada la conciencia de la realidad. A estos sujetos se les puede aplicar la medida de internamiento en centro educativo especial u otra medida del Artículo 96. El tiempo de internamiento no podrá exceder del tiempo que habría durado la pena privativa de libertad, si el sujeto hubiera sido declarado responsable. Del mismo modo, el sujeto no puede abandonar el establecimiento sin autorización del Juez o Tribunal.

El Artículo 98 establece que el Juez o Tribunal sentenciador debe realizar anualmente una propuesta de mantenimiento, cese, sustitución o eliminación de la medida aplicada. En relación a esta premisa, se deberá realizar a la finalización de cada curso o grado de enseñanza.

De las medidas no privativas de libertad

El Artículo 105 establece las medidas adicionales que se pueden imponer al tiempo de la imposición de la medida privativa de libertad o durante la misma. Estas medidas incluyen la libertad vigilada, la custodia familiar, la privación del derecho de tenencia y porte de armas, la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores. La imposición y observancia de estas medidas depende del Juez o Tribunal, así como de los informes de los profesionales involucrados y de los servicios de asistencia social competentes.

El Artículo 106 se refiere específicamente a la libertad vigilada, que consiste en un control judicial del condenado cumpliendo ciertas obligaciones y prohibiciones. Entre estas están estar siempre localizable, presentarse periódicamente en un lugar designado, comunicar cambios de residencia o trabajo, prohibición de aproximar a la víctima, prohibición de comunicarse con la víctima, entre otras. El Juez o Tribunal debe imponer la medida de libertad vigilada para su cumplimiento posterior a la pena privativa de libertad y puede modificar las obligaciones y prohibiciones impuestas en función de la evolución del condenado.

El Artículo 107 establece la inhabilitación del ejercicio de determinados derechos, profesiones u oficios, por un período de uno a cinco años. Esto aplica a aquellos sujetos que hayan cometido un delito relacionado con el ejercicio de dichos derechos, y cuando se pueda deducir el peligro de que vuelvan a cometer el mismo delito u otros similares.

En el Artículo 108 se determina que los extranjeros sin residencia legal en España pueden ser expulsados del territorio nacional como medida de seguridad. Sin embargo, en casos excepcionales, el Juez o Tribunal puede decidir que el sujeto cumpla la medida en España, si la naturaleza del delito lo justifica. Una vez expulsado, el extranjero no podrá retornar a España en un plazo de diez años.

De las medidas de seguridad en general

El Capítulo Primero del Título Cuarto del Código Penal establece que las medidas de seguridad serán aplicadas por el Juez o Tribunal después de considerar los informes pertinentes y cuando concurran ciertas circunstancias. Estas circunstancias incluyen la comisión de un hecho delictivo, la existencia de un pronóstico de comportamiento futuro que revele la probabilidad de comisión de nuevos delitos y la no imposición de una pena privativa de libertad. En estos casos, el Juez o Tribunal puede aplicar las medidas previstas en el Artículo 96.

El Artículo 96 establece que las medidas de seguridad pueden ser privativas de libertad o no implicar privación de libertad. Las medidas privativas de libertad incluyen el internamiento en centro psiquiátrico, el internamiento en centro de deshabituación y el internamiento en centro educativo especial. Por otro lado, las medidas no privativas de libertad incluyen la inhabilitación profesional, la expulsión del territorio nacional, la libertad vigilada y la custodia familiar.

El Artículo 97 establece que el Juez o Tribunal pueden adoptar medidas especiales durante la ejecución de la sentencia. Estas decisiones deben seguir el procedimiento establecido y pueden incluir el mantenimiento de la medida, el cese de la medida, la sustitución por otra medida más adecuada o la suspensión temporal de la medida. El Artículo 98 establece que el Juez de Vigilancia Penitenciaria debe realizar anualmente una propuesta de mantenimiento, cese, sustitución o suspensión de la medida aplicada.

En el caso de que penas y medidas de seguridad privativas de libertad concurran, el Artículo 99 establece que se debe cumplir primero la medida de seguridad y luego la pena. Una vez levantada la medida de seguridad, el Juez o Tribunal puede suspender el cumplimiento de la pena restante o aplicar otra medida de seguridad.

Estas son las principales disposiciones sobre la aplicación de las medidas de seguridad según el Código Penal. Es importante tener en cuenta que cada caso es único y requiere un análisis detallado para determinar qué medida es la más adecuada.


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