El derecho a la intimidad como límite a la libertad de información

Autor: Dudatis.com

El derecho a la intimidad como límite a la libertad de información

Recientemente hemos podido observar cómo, en ocasiones, ciertas tragedias son cubiertas por los medios de información de forma excesiva. Hemos sido testigos de una tragedia transformada en una especie de “Reality Show”, en la que información y morbo se fundían por los medios con la única finalidad de subir audiencias. Y al mismo tiempo, en esta pugna mediática, se hacían públicos datos que poco o nada tenían que ver con el suceso, como el fallecimiento previo de otro menor, con el perjuicio que ello genera a la familia.

La libertad de expresión e información

Debemos entender la libertad de expresión e información como un derecho fundamental de todos los ciudadanos. Conviene hacer un repaso normativo para ver el origen y alcance de este derecho. En este sentido, el artículo 10 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales establece que todos tenemos derecho a la libertad de expresión, comprendiendo ésta «la libertad de recibir o de comunicar informaciones». Su traducción al derecho nacional viene dada por su introducción en el Título I de la Constitución («De los derechos y deberes fundamentales»). El artículo 20.1.d) se refiere expresamente a la libertad de información, como aquella que comprende tanto el derecho a comunicar como a recibir informaciones veraces, cualquiera que sea el medio de difusión.

¿Qué límites y garantías tiene la libertad de información?

La prohibición de censura previa no implica que este derecho no pueda estar sometido a ciertas formalidades, condiciones, o incluso restricciones y/o sanciones. Es decir, hay ciertos límites a la libertad de información, no todo vale. En este sentido, los profesionales de la información deberán contar, según el precepto constitucional, con determinadas garantías específicas, como pueden ser la «cláusula de conciencia» o el «secreto profesional». Los derechos fundamentales recogidos en el Título I de nuestra Carta Magna actuarán, por tanto, como límites a la libertad de difusión de información, aunque no de forma automática. Habrá que ponderar cada caso concreto, pues no cabe situar un derecho fundamental en una situación de superioridad con respecto a otro. Nos centraremos en el derecho a la intimidad.

El derecho al honor, la intimidad y la propia imagen

Los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen también son derechos fundamentales y, como tales, también se encuentran regulados en las mismas normas anteriormente indicadas. No obstante, nos centraremos en el derecho a la intimidad, tanto personal como familiar. Su reflejo en nuestro ordenamiento viene dado por el artículo 18 de la Constitución. El derecho a la intimidad corresponde a la esfera más privada de las personas, estando íntimamente vinculado al derecho a la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad, reconocidos en el artículo 10.2 del mismo cuerpo legal. Su desarrollo normativo posterior viene de la mano de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

¿Cuál es la postura de la jurisprudencia?

La libertad de información y el derecho a la intimidad suelen entrar en conflicto con relativa frecuencia. En caso de conflicto, es unánime la consideración de que se deberá llevar a cabo una minuciosa ponderación de los bienes jurídicos en conflicto, esto es, los intereses legítimos de los titulares de ambos derechos. Cada caso es diferente, por lo que no cabe adoptar decisiones automáticas, sino que habrá que evaluar las particularidades de cada caso.

La Sentencia del Tribunal Constitucional nº 185/2002, de 30 de junio, hace alusión a la veracidad de la información cuando ésta entra en conflicto con el derecho a la intimidad. Y lo hace entendiendo que la veracidad «no es paliativo, sino presupuesto, en todo caso, de la lesión». La Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 16 de diciembre de 2010 (caso Aleksey Ovchinnikov contra Rusia) establece que es posible restringir la libertad de información incluso en el caso de que dicha información ya se haya hecho pública. La Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 16 de junio de 2015 (caso Delfi As contra Estonia) destaca la necesidad de proceder a un equilibrio de los derechos fundamentales en conflicto para así conservar la esencia del Convenio Europeo.

Como vemos, del análisis de cada caso podrán darse resultados diferentes, incluso antagónicos. Habrá que prestar especial atención a los elementos que conforman cada supuesto.


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