Las penas de inhabilitación en el ámbito legal

Autor: Dudatis.com

Las penas de inhabilitación en el ámbito legal

Las penas de inhabilitación son sanciones por violación de los derechos políticos, profesionales o civiles, cuyo objetivo es prevenir la reincidencia por violación en el curso del empleo, la profesión o el comercio. Estas penas están incluidas en el Código Penal y otras leyes. Existen diferentes tipos de descalificaciones y las sanciones pueden ser primarias o secundarias. No deben confundirse con la suspensión, que es la privación del derecho a realizar actividades, pero no implica la confiscación de la propiedad.

Marco legal

La pena de inhabilitación se encuentra prevista en los siguientes cuerpos legales:

  • Código Penal, artículo 39 y relativos a delitos tipificados.
  • Ley Orgánica del Código Penal Militar, sobre las penas por aplicación de este Código más las que correspondan por el Código Penal, artículo 11 y siguientes.
  • Ley Orgánica de la Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar. Cuando la pena aplicada sea suspensión absoluta entre otras con sentencia firme, los Tribunales deben informar de éstas al Consejo General del Poder Judicial.
  • Ley Orgánica reguladora de la Responsabilidad Penal de Menores. Dentro de las medidas que pueden ser impuestas a menores, se encuentra la inhabilitación absoluta, tanto para el ejercicio de cargos u honores como para la licencia de conducir, permiso de caza o uso de armas.

Clasificación de las penas de inhabilitación

Las penas de inhabilitación se enumeran en el artículo 39 del Código Penal, dentro de la sección de penas privativas de derechos. Según este artículo, pueden ser de inhabilitación absoluta o inhabilitación especial.

El artículo 39 del Código Penal establece:

«Son penas privativas de derechos:

a) La inhabilitación absoluta.

b) Las de inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión, oficio, industria o comercio, u otras actividades, sean o no retribuidas, o de los derechos de patria potestad, tutela, guarda o curatela, tenencia de animales, derecho de sufragio pasivo o de cualquier otro derecho.»

Pena de inhabilitación absoluta

Esta pena es considerada grave y produce la privación definitiva de todos los honores, empleos y cargos públicos, incluso los electivos. Además, incapacita para obtener los mismos u otros, con una duración que puede llegar a ser de entre 6 y 20 años. En el Código Penal se prevén diferentes casos en los que algunos de los delitos tipificados fueron cometidos por un funcionario o agente público o personal militar, a la pena que corresponda se añadirá inhabilitación absoluta por un tiempo determinado. También se impone esta pena en casos de delitos de terrorismo.

Pena de inhabilitación especial

Esta pena puede ser el resultado de alguna forma de castigo severo, menos severo o moderado. Consiste en la privación del derecho a desempeñar un trabajo, un cargo público, una profesión, una industria o un oficio, ya sea con o sin remuneración. También existe una situación especial en la que se prohíbe ejercer los derechos de paternidad, tutela, custodia, confianza, voto pasivo, tutela de animales o cualquier otro derecho que incluya una limitación de elegibilidad. Su duración puede oscilar entre los 3 meses y los 20 años, dependiendo de la gravedad del delito. En casos especiales donde está prohibido conducir o poseer y portar armas, la duración de la pena puede ser de 3 meses a 10 años.

En algunos casos, se retira un derecho especial, lo que impide el ejercicio de otro derecho. Por ejemplo, restringir el derecho al voto implica no poder ser elegido para un cargo público. Esta es una forma especial de decomiso, que ni siquiera incluye el castigo principal por el delito, conocido como la prohibición del voto negativo. En este caso, la sentencia debe ser comunicada claramente al Registro Central de Reclusos y Rebeldes y a la Oficina de Estadística Electoral. Durante la duración de la condena, una persona no puede presentarse a las elecciones de ninguna manera.

La pena de inhabilitación como principal o accesoria

Según el artículo 32 del Código Penal, las penas que pueden imponerse, ya sea de manera principal o accesoria, son privativas de libertad, privativas de otros derechos y multa. En el caso de la inhabilitación, es común que se imponga como una pena accesoria junto a otra pena principal. Esto ocurre en los casos previstos por el Código Penal, cuando funcionarios, militares o funcionarios públicos cometen determinados delitos o asumen la calidad de funcionarios públicos.

La pena de inhabilitación es una medida punitiva importante en el sistema legal para prevenir la reincidencia y proteger los derechos y la seguridad de la sociedad. Conocer su marco legal y las diferentes clasificaciones de esta pena es fundamental para comprender su alcance y aplicabilidad en casos específicos.


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