La Ley de Segunda Oportunidad: una solución para las deudas impagables

Autor: Dudatis.com

La Ley de Segunda Oportunidad: una solución para las deudas impagables

La legislación actual contempla mecanismos para agilizar el cobro y pago de las deudas. Sin embargo, en algunas ocasiones las deudas se convierten en impagables, por lo que se desarrolló la Ley de segunda oportunidad. Básicamente mediante este mecanismo se permite sanear la situación financiera de los deudores mediante mecanismos que también protegen a los acreedores. Si estás leyendo estas líneas, lo más probable es que tengas algunos adeudos que sobrepasan tu capacidad de pago y lo más probable que es que estés buscando una solución.

Ley de segunda oportunidad en la actualidad

En el año 2015 se aprobó la Ley de segunda oportunidad, aunque ya existía previamente un mecanismo similar que era aplicable únicamente en el ámbito mercantil. Por lo tanto, no estaba al alcance de la mayoría de las personas. Sin embargo, con las modificaciones hechas se hizo extensible a autónomos y particulares que se encontrarán en situación de insolvencia. Al mismo tiempo, se establecieron mecanismos para que los acreedores no vieran disminuido su patrimonio. Con el paso del tiempo, exactamente en el año 2020, sufrió una modificación la Ley concursal. Algunos de sus cambios más significativos se relacionan con los términos que regulan la Ley de segunda oportunidad. En este caso, los ajustes se debieron principalmente por el estado de alarma causado por la Covid-19, incluyendo aspectos que reflejan la necesidad de que las deudas causen el menor daño posible.

Requisitos para beneficiarse de la Ley de segunda oportunidad

La Ley de segunda oportunidad específica que pueden beneficiarse quiénes tengan personalidad jurídica. Esto significa que tanto empresas como autónomos pueden recurrir a este mecanismo legal. Ahora bien, para que sea procedente debe existir una situación de insolvencia inminente, pero en ningún caso se permite que haya sido declarado en concurso. Y, en caso de tratarse de una persona física, la deuda deberá estar por debajo de los 5.000.000 €. Básicamente eso son los tres requisitos mínimos que deben cumplirse.

Por otro lado, existen algunas previsiones para beneficiarse de la Ley de segunda oportunidad. En el caso de quienes hayan recibido una condena en sentencia firme por los delitos de falsedad documental, durante los pasados diez años, están vetados de utilizar este mecanismo legal. Evidentemente, sus antecedentes hacen que sea cuestionable su estado de insolvencia, puesto que ha demostrado que es capaz de falsificar documentos para obtener algún beneficio. Lo mismo ocurre con quienes hayan sido condenados por delitos relacionados contra la administración tributaria, la Seguridad Social, el patrimonio de terceros, los derechos de trabajadores o el patrimonio. En este caso, ha quedado claramente demostrada la capacidad de la persona de actuar con engaños ante la administración pública. Por eso, te habría la posibilidad que en esta ocasión se trate de una estrategia similar. Notemos, sin embargo, que en los supuestos mencionados se habla de sentencias en el ámbito penal, por lo que no inhabilita a quienes hayan recibido sanciones administrativas en alguno de los aspectos mencionados anteriormente. Por ejemplo, un autónomo que haya recibido una demanda de un trabajador por el impago salarial, y que el caso haya ido a los tribunales laborales, no quedaría inhabilitado para solicitar acogerse a la Ley de segunda oportunidad. La razón principal es que el caso fue atendido en los tribunales laborales y, por lo tanto, no se trata de un delito.

Adicionalmente, quiénes hayan realizado alguna de las siguientes acciones en los pasados cinco años tampoco podrán beneficiarse de que esté mecanismo para sanear sus deudas. Primero, las personas que hayan recibido la declaración de concurso de acreedores no podrán acogerse a esta ley. Lo mismo ocurre con quienes hayan logrado un acuerdo extrajudicial para pagar la deuda o que se encuentre en proceso de negociación del refinanciamiento o la reestructura del adeudo. Tampoco podrán beneficiarse quiénes se encuentren en un proceso de homologación judicial relacionado con la refinanciación. Esto obedece a que algunos de los mecanismos anteriores reflejan que el deudor tiene capacidad de negociar y pagar la deuda. Sin embargo, como mencionamos anteriormente, uno de los requisitos que se establece en la Ley de segunda oportunidad es que la persona implicada esté en situación de incapacidad de pago por insolvencia económica.

En caso que se reúnan todos los requisitos mencionados, y que no haya ningún impedimento legal, podrá iniciarse el proceso a través de un acuerdo extrajudicial de pagos, del cual hablaremos a continuación.

El acuerdo extrajudicial de pagos

El primer paso para solicitar el Acuerdo extrajudicial de pagos consiste en pedir que se nombre a un mediador concursal. El propósito de esto es iniciar la fase de negociación, que en realidad no es obligatoria, pero sí es lo más recomendable. Uno de los beneficios de hacerlo con prontitud es que detiene el devengo de los intereses y, en caso de que aplique, las ejecuciones y los embargos relacionados con los adeudos pendientes de pago.

El tiempo máximo para realizar las negociaciones es de 2 meses. En caso que no se nombre a un mediador o que no se alcance ningún acuerdo, será necesario que el caso sea atendido en los tribunales.

Como es lógico pensar, lo mejor en estos casos es contar con la asesoría de abogados expertos en materia financiera. Ellos conocen todos los pormenores aplicables al caso, por lo que su gestión aumenta las posibilidades de obtener los beneficios requeridos. Además, con sus servicios aumentan las posibilidades que la deuda se elimine por completo.


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